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En un litigio en el que tuve la oportunidad de participar, pero del cual por razones ajenas a mi voluntad, debí separarme, elaboré la estrategia de defensa y contestación de la demanda en favor de una compañía aseguradora, a la cual se le reclamaba una suma millonaria por parte de la sociedad asegurada, como indemnización por el evento de un siniestro de incendio en el local principal de la empresa. No entraré en detalles sobre la controversia; solamente diré que estaba en discusión el pago del siniestro por haberse comprobado pericialmente que el siniestro fue provocado, razón suficiente para declinar el pago.

Como es lógico, alegué al contestar la demanda, la excepción de arbitraje y denuncié la falta de jurisdicción del tribunal de lo civil y mercantil. Esencialmente sostuve que la fuerza ejecutiva de una póliza no autorizaba a desconocer el convenio arbitral celebrado por las partes, en atención al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ya que era un convenio arbitral libremente negociado en una cláusula separada, pero anexa del contrato de seguro, documentado a través de la póliza respectiva.

La sociedad asegurada había acudido a la jurisdicción ordinaria para reclamar vía ejecutiva el pago de la indemnización, pese a que el convenio arbitral sometía a arbitraje todas las controversias derivadas de la interpretación, validez y ejecución del contrato, incluidas “las discrepancias sobre el pago de un siniestro”. El planteamiento fue que esa elección debía respetarse sin tener que entrar a examinar como lo hizo el juez, la procedencia de la cláusula arbitral, frente a la ejecutividad de la póliza de seguro, establecida por ley.

La demandante pretendía obtener por la vía ejecutiva el pago de casi USD 2,000,000.00. Se sabía que no era fácil el caso, ya que los precedentes de los últimos años, en sentencias emanadas de las Cámaras de Segunda Instancia, eran a favor de una presunta “santidad de la ejecutividad de la póliza de seguro”, ignorando toda cláusula arbitral.

Era tal el desacierto, que la Cámara Primera de lo Civil, llegó a argumentar que para que pudiera prosperar la excepción de arbitraje, la cláusula arbitral debía expresamente decir que excluía la acción ejecutiva; algo realmente absurdo. Sin embargo, al contestar la demanda, debíamos primeramente hacer valer el convenio arbitral y, por ello, el debate comenzaba por identificar al órgano competente para resolver la controversia contractual que sustentaba aquella exigencia de pago.

El obstáculo o valladar a superar, era una interpretación que daba primacía al proceso ejecutivo, por la fuerza ejecutiva que el artículo 457 ordinal 6.º del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) reconoce a las pólizas de seguro, cuando concurren todos los requisitos allí consignados. Frente a esa lectura, se argumentó que la aptitud ejecutiva del documento y la eficacia del convenio arbitral respondían a circunstancias distintas. Tal argumento judicial no podía convertirse en una atribución judicial exclusiva de competencia, que dejara sin efecto el acuerdo de las partes sobre la solución de sus diferencias vía arbitraje.

Nuestra objeción tenía una consecuencia concreta: Si la sola presentación de una demanda ejecutiva bastaba para desplazar el arbitraje, el convenio quedaba a disposición unilateral de quien reclamaba. Una parte podía invocar la póliza para exigir sus derechos y, al mismo tiempo, prescindir del mecanismo que había aceptado contractualmente para discutirlos. Sostuve que la fuerza obligatoria del contrato, invocada con fundamento en el artículo 1416 del Código Civil, también comprendía el compromiso de acudir al tribunal arbitral, como una obligación contractual de ambas partes.

El fundamento convencional del arbitraje, explica por qué la elección de las partes debía respetarse. En la doctrina sostenida por el maestro Roque Caivano, el arbitraje se presenta como una forma heterocompositiva de resolver controversias mediante un sistema jurisdiccional privado, de origen convencional: quienes deciden no pertenecen al Poder Judicial y su intervención deriva de la elección voluntaria de las partes. Esta explicación se relacionaba directamente con nuestra defensa: el acuerdo de solución de diferencias vía arbitraje, formaba parte de la voluntad contractual que la asegurada no podía desconocer al reclamar el cumplimiento de la póliza.^[1]

Para demostrarlo, se hizo valer el anexo de arbitraje incorporado a la propia póliza aportada por la demandante. El consentimiento constaba en un documento especial firmado por ambos contratantes. Esa configuración resultaba decisiva: no se trataba de deducir una aceptación imprecisa a partir de condiciones generales, sino de reconocer una manifestación expresa e independiente de voluntad. Se argumentó que concurrían las exigencias del artículo 26 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje para los contratos de adhesión.

Siguiendo a Caivano: el consentimiento arbitral en materia de seguros, no se deduce de una estipulación genérica, sino que debe constar en un anexo especial suscrito por ambas partes. La validez y efectividad de la cláusula arbitral, entonces, se apoya en el cumplimiento de las exigencias de la ley ( artículo 26 de la LMCA).^[2]

LA CONTROVERSIA SOBRE EL PAGO ESTABA COMPRENDIDA EN LA CLÁUSULA ARBITRAL

Al examinar el alcance del anexo de arbitraje, se destacó que éste regulaba los desacuerdos relativos a la interpretación o aplicación de la póliza y sus anexos. También contemplaba las discrepancias sobre el pago del siniestro, para las cuales exigía, previo a iniciar el arbitraje, desarrollar previamente el procedimiento conciliatorio correspondiente ante la SSF conforme a la ley de sociedades de seguros. Se argumentó que esa redacción en específico, confirmaba el sometimiento del reclamo a arbitraje.

Ante el tribunal, se cuestionó que se utilizara la ejecutividad de la póliza como razón suficiente para reservar el reclamo exclusivamente a los jueces estatales. Frente al antecedente 53-4CM-17-A, insistí en que en esa misma línea de pensamiento – erróneo- era necesario entonces, siendo tan rigoristas, examinar la redacción concreta del convenio en nuestro caso. En este, la cláusula arbitral expresamente comprendía “el desacuerdo sobre el pago de siniestros”, no simplemente (toda desavenencia o discrepancia…)

Además, se sostuvo que el conflicto no consistía simplemente en exigir el cumplimiento de una obligación indemnizatoria de pago, insatisfecha injustamente por parte de la aseguradora. Mi representada, al contrario, cuestionaba la cobertura del evento y el incumplimiento de las condiciones contractuales necesarias para la procedencia de la indemnización.

Por eso, antes de ordenar cumplir con el pago, era necesario establecer si la obligación había nacido efectivamente para la aseguradora, y si el reclamo satisfacía lo pactado. Esa discusión de fondo explicaba la importancia de respetar el proceso arbitral elegido por las partes, lo cual no podía tener lugar plenamente en un proceso ejecutivo, en el cual, por su naturaleza, lo que se discute es la mora del deudor, no las circunstancias de fondo que llevan a que el pago se someta a una controversia, la cual solo se puede decidir con todas las garantías de un proceso, en un juicio declarativo de conocimiento, no en uno ejecutivo.

Y es que el proceso ejecutivo, se apoya en un título con la aptitud legal necesaria para reclamar el cumplimiento de una obligación. Nuestro planteamiento fue, que esa finalidad no podía utilizarse para eludir el examen declarativo de la controversia sobre cobertura y cumplimiento, cuando el convenio arbitral vigente la reservaba a los árbitros. Se fundamentó la excepción, en la existencia de un pacto arbitral válido, eficaz y completo, cuyo objeto comprendía precisamente, discutir el desacuerdo que había sido llevado ante el juez ordinario, siendo en realidad competencia de un tribunal arbitral.

Algo muy curioso -como un obiter dictum- fue que en la audiencia especial para decidir la falta de jurisdicción, el juez argumentó que un tribunal arbitral, sí podía conocer de un proceso ejecutivo, -lo cual no es descabellado, ya que países como Colombia ha aprobado una ley en 2025, que entró en vigencia el 27 de febrero de este año, sobre el arbitraje ejecutivo; y en Ecuador estudian la posibilidad de habilitar la ejecución de laudos por parte del mismo tribunal arbitral; pero no tuvo en cuenta el juzgador, que en nuestro medio, como los árbitros carecen del imperio del estado, y no esta regulado, es inviable seguir un proceso ejecutivo via arbitral en el que desde el inicio la actuación primera es ordenar un embargo y hacerlo ejecutar…( solo como anécdota)

Ante la posición de dicho juez, de que como no estaba facultado el tribunal arbitral en el convenio, para conocer del proceso ejecutivo, entonces, prevalecía el derecho del asegurado, de acudir a la justicia ordinaria, para reclamar el pago de la indemnización cubierta por la póliza, menospreciando por completo el convenio arbitral.

Ante ese absurdo, se defendió la primacía del convenio arbitral como una cuestión de respeto a la voluntad contractual. La asegurada por supuesto que conservaba la posibilidad de reclamar la indemnización que creía merecer; pero lo que correspondía era discutir su procedencia ante un tribunal arbitral conforme a lo pactado. La petición de la defensa, no pretendía anticipar una absolución sobre el fondo, sino que la eventual obligación de pagar se determinaría en el arbitraje, con el examen de las condiciones de la póliza, cobertura o no de eventos, cumplimientos o incumplimientos, y la prueba pertinente.

La falta de imperium de los árbitros, no elimina la potestad de resolver el conflicto, bajo un proceso de corte declarativo o de conocimiento netamente contencioso, ni el valor del laudo firme como una sentencia ejecutable, siendo la ejecución forzosa competencia de los jueces estatales. Por eso se sostuvo que, la imposibilidad de ejecutar directamente un embargo por parte de los árbitros, no justificaba atribuirle al juez ordinario el conocimiento exclusivo de las controversias derivadas de la póliza de seguro, bajo el pretexto de la ejecutividad de la póliza; menospreciando tajantemente el convenio y la respectiva competencia arbitral.

LA EXCEPCIÓN DE ARBITRAJE DEBÍA PRODUCIR EL EFECTO PROCESAL ESPERADO

No deberían olvidar nuestros jueces, el reconocimiento constitucional del arbitraje, contenido en el artículo 23 de la Constitución, y las disposiciones claras de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Un juzgador ordinario debe conocer el principio Kompetenz Kompetenz, para entender la potestad de los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia, y el efecto negativo del convenio frente al conocimiento judicial de las materias que han sido sometidas a arbitraje.

Precisamente, la explicación doctrinal desarrollada en la denuncia de falta de jurisdicción, distinguía dos efectos del principio Kompetenz-Kompetenz. El positivo reconoce a los árbitros la potestad de decidir sobre su propia competencia, incluidas las cuestiones relativas a la existencia, validez y alcance del convenio. El negativo sitúa a los árbitros como primeros jueces de esa competencia y sustenta la remisión a arbitraje, de las controversias comprendidas en el pacto. Con esa distinción se fundamenta que invocar la ejecutividad de la póliza no bastaba para privar de eficacia al acuerdo arbitral.

Se desconoció por completo el convenio arbitral, sin existir tampoco una renuncia que permitiera desplazar el acuerdo. El anexo de arbitraje condicionaba la renuncia a la concurrencia de las voluntades de los contratantes, lo cual no existía. La demanda judicial unilateral por parte de la asegurada, no demostraba un abandono del arbitraje, sino solo una estrategia legal que desconocía el arbitraje por parte de la demandante, bajo la supuesta protección judicial que le daba la ejecutividad de la póliza ( art.457 ord 6º CPCM) lo cual en los años anteriores, ha consistido en un “legalizado” judicialmente, fraude de ley en perjuicio del arbitraje.

Con fundamento en la ley, el juzgador debió aplicar el artículo 31 literal b) de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, en relación con el tratamiento procesal que hace el CPCM ante la denuncia de falta de jurisdicción del artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, el juez, debió declararse incompetente y poner fin al proceso ejecutivo, declarando ha lugar la excepción de arbitraje, y falta de jurisdicción, mediante la improponibilidad sobrevenida de la demanda.

El juez, como era de esperarse, por los precedentes negativos, de manera simplista rechazó la excepción y continuó con el proceso. Sin embargo, afortunadamente, vía apelación de la sentencia condenatoria contra la aseguradora, presentada por el apoderado de dicha compañía, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en la sentencia con referencia 48-4CM-24-A del 26 de febrero de 2025, -la cual ya antes se hizo pública- acogió el punto esencial que había sostenido un servidor: Consideró que la cláusula arbitral sí comprendía las discrepancias sobre el pago del siniestro, y que la conciliación en la SSF, constituía un trámite previo al arbitraje. También descartó aplicar automáticamente el antecedente invocado por el juez, procedente de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, porque las cláusulas y las circunstancias de dichos casos no eran idénticas; y porque era rigorista exigir una redacción exhaustiva de exclusiones de la competencia arbitral en el convenio, si la voluntad de las partes se había referido a cualquier desavenencia o controversia, incluso referidas al pago de un siniestro. Es plausible la posición pro arbitraje de dicho tribunal superior, el cual hizo especial énfasis en el respeto de la autonomía de la voluntad de las partes, la cual debe hacerse prevalecer en todo caso, en un proceso sujeto a cláusula arbitral, la cual no deje lugar a dudas sobre su interpretación, es decir, no padezca de grave patología.

El resultado fue la nulidad de lo actuado desde la admisión de la demanda, y la improponibilidad sobrevenida de esta. La Cámara, por supuesto, al acoger ese punto, ya no resolvió los demás agravios sobre el fondo, que hubo muchos; pero lo esencial es que reconoció la consecuencia de la existencia de un convenio arbitral, lo que impedía que la controversia continuara ante la jurisdicción ordinaria, remarcando que las partes habían atribuido su conocimiento de la controversia a los árbitros.

Lo trascendental de dicha decisión – valga aclarar, tomada por magistrados suplentes- que ojalá se mantenga y replique por las restantes Cámaras de Segunda Instancia, es que rescató la coherencia con el principio pro arbitraje, que había sido desconocido en materia de pólizas de seguro que contaban con cláusula arbitral, por medio de demandas via acción ejecutiva, reivindicando la eficacia del consentimiento expresado por ambas partes en el anexo de arbitraje de la póliza de seguro, en lugar de subordinar el arbitraje a la vía procesal ejecutiva, elegida por quien demanda ejecutivamente, buscando evadir el proceso arbitral, al falso amparo de la ejecutividad de la póliza de seguro, lo cual ha quedado claro, no implica hacer prevalecer la via judicial por sobre el proceso arbitral libremente pactado previamente.

Frente a la lectura restrictiva que había permitido privilegiar el juicio ejecutivo, se logró defender la tesis de que la ejecutividad del documento ( póliza de seguro) no suprime en modo alguno el convenio arbitral, el cual debe respetarse, sin entrar a hacer valoraciones del texto de la cláusula, llegando al extremo absurdo del precedente existente superado, de exigir que se expresara textualmente la renuncia a la acción ejecutiva en el convenio.

En este caso, felizmente, la Cámara le dió al pacto arbitral, el lugar que siempre le correspondió, y dejó la discusión del derecho a la indemnización del evento reclamado, en manos del tribunal llamado a resolverla: el tribunal arbitral.

^[1]Roque Caivano, «El arbitraje en materia de seguros», Revista Argentina de Arbitraje, IJ Editores, 11 de noviembre de 2020.

^[2]Caivano, «El arbitraje en materia de seguros», Ibidem.